Cientos de vapeadores españoles y propietarios de pequeñas empresas realizaron una manifestación frente al Ministerio de Sanidad el viernes para protestar contra la legislación prevista por el Gobierno español para prohibir los sabores en los productos de vapeo.
La protesta se produce mientras el gobierno considera si avanzar con un decreto real que prohíba los sabores en los vapes, tema que fue objeto de una consulta pública el mes pasado.
Clearing the Air ha cubierto extensamente la propuesta de prohibición: nuestro resumen del estado de la situación y los próximos pasos está aquí.
La manifestación - que fue organizada conjuntamente por UPEV (pequeñas empresas) y ANESVAP (consumidores) - se llevó a cabo para conmemorar el Día Mundial Sin Tabaco, y un día después del Día Mundial del Vapeo.
Ángeles Muntadas-Prim, presidenta de ANESVAP, resumió de qué se trataban las protestas:
"Cualquier intento de prohibir algo que ha salvado vidas es inaceptable; y por eso estamos protestando".
Muntadas-Prim fue muy crítica con los planes del Gobierno: la administración de Sánchez ha abandonado los planes de restringir aún más los cigarrillos combustibles mientras insiste en apuntar a productos de nicotina más seguros:
"Es escandaloso eliminar el empaquetado neutro y los impuestos sobre los cigarrillos del plan del gobierno para fumar y enfocarse exclusivamente en prohibir productos que han salvado la vida de más de 700.000 exfumadores en España", continuó.
“Nos sentimos ninguneados como sector. Somos el blanco de gravísimas acusaciones y faltas de respecto por parte de altos cargos del Ministerio, llegando a tacharnos de ‘subsidiarias’ de la industria del tabaco. El Ministerio de Sanidad quiere hundirnos sacando adelante “su plan antivapeo”, para acabar con nuestro sector, nuestros trabajos y nuestra forma de vida. Es una situación inaceptable y, por eso, necesitamos que nos escuchen”, haexplicado Arturo Ribes, presidente de la UPEV.
El sector del vapeo advierte que la equiparación regulatoria podría provocar la pérdida de más de 1.000 empleos y reducir en un 65% la facturación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector. Estas cifras representan una amenaza significativa para la viabilidad de numerosas empresas y los medios de vida de miles de familias.
