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SCOOP: El Gobierno italiano se opone rotundamente al impuesto de la UE sobre la nicotina

El Gobierno italiano teme un desplazamiento significativo hacia el mercado negro si se aprueba el impuesto de la UE, según un «Dictamen motivado» publicado por el Gobierno italiano y reproducido aquí por Clearing the Air.

A Roma le preocupa el importante potencial de la propuesta para desviar más ventas al mercado negro, alimentando la actividad delictiva.

«Las medidas propuestas podrían… provocar distorsiones del mercado, incluso favorecer, en lugar de contrarrestar, el contrabando, el mercado negro y la evasión fiscal», afirma el dictamen.

La calculadora online de Clearing the Air te permite averiguar cuánto te costará el nuevo impuesto de la UE.

Incentivar la delincuencia organizada

Los dictámenes motivados son el mecanismo por el que los gobiernos nacionales pueden expresar sus objeciones a las propuestas de la UE cuando la Comisión las adopta por primera vez. Los cambios fiscales deben ser acordados por unanimidad por todos los Estados miembros.

La propuesta de la UE «no combate eficazmente el desplazamiento del consumo de productos del tabaco al mercado ilegal, con lo que se corre el riesgo de restar recursos a las finanzas públicas al incentivar el sistema de delincuencia organizada y crear más daños a la salud pública».

La consulta sigue abierta

La consulta de la Comisión Europea sobre la propuesta de gravar con impuestos los productos de nicotina más seguros se cerrará dentro de nueve días; los lectores pueden dar a conocer su opinión aquí.

El 16 de julio, el ejecutivo de la UE propuso subidas de al menos el 40% para la mayoría de los líquidos para vapear, del 50% para las bolsitas de nicotina y del 55% para el tabaco calentado. Clearing the Air fue el primer medio que reveló los planes en junio.

El 15% del dinero recaudado por la subida se ingresaría directamente en el presupuesto de la UE si se aprueba. En total, la Comisión cree que los impuestos sobre productos de nicotina más seguros aportarían algo menos de 5.000 millones de euros en impuestos adicionales.

La consulta, que se abrió en septiembre, es un requisito legal como parte del proceso legislativo.

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