El ministro de Justicia de Irlanda del Norte ha propuesto un plan piloto de vapeo para presos, mientras la República de Irlanda duplica los precios del vapeo con un nuevo impuesto a partir de noviembre.
La exención de fumar en prisión, a examen
Casi 20 años después de que entrara en vigor la prohibición de fumar en el lugar de trabajo en Irlanda del Norte, los funcionarios de prisiones siguen expuestos al humo ajeno, ya que se permite a los reclusos fumar en sus celdas. La exención, establecida en virtud de la Orden sobre Fumar (Irlanda del Norte) de 2006, considera las celdas de las prisiones como «el hogar de un preso».
El diputado unionista del Ulster Jon Burrows ha instado al Ministerio de Justicia a poner fin a la exención, afirmando que es «injustificable que los funcionarios de prisiones de Irlanda del Norte, que ya realizan un trabajo difícil y estresante, tengan que soportar además el humo ajeno en su lugar de trabajo».
«El Partido Unionista del Ulster ha estado escuchando atentamente las preocupaciones de nuestros funcionarios de prisiones -dijo-, y ahora exigimos que el Ministerio de Justicia y el Servicio de Prisiones de Irlanda del Norte adopten medidas políticas y operativas inmediatas para proteger la salud de quienes prestan servicio en primera línea.»
Burrows afirmó que «no hay motivo para que Irlanda del Norte se quede atrás en la protección de nuestros funcionarios frente al tabaquismo pasivo», señalando el éxito de las prisiones libres de humo en todo el Reino Unido.
Plan piloto de vapeo
Sin embargo, la ministra de Justicia, Naomi Long, afirma que la exención reconoce el «entorno operativo único» de las prisiones, donde la gestión de «un gran número de personas dependientes de la nicotina en un entorno seguro» conlleva «riesgos asociados para el orden y el control».
Pero confirmó que hay planes en marcha para una «prueba de concepto del uso de cigarrillos electrónicos en una zona de la prisión de Magilligan», prevista para diciembre de 2025. Si tiene éxito, podría extenderse a todo el recinto penitenciario como parte de una estrategia más amplia para dejar de fumar.
La República de Irlanda redobla la apuesta por el vapeo
La medida contrasta fuertemente con la de la República de Irlanda, donde el gobierno está adoptando una línea dura contra el vapeo. A partir del 1 de noviembre, todos los e-líquidos estarán gravados con un impuesto de 50 céntimos por mililitro, una medida que se espera que duplique los precios al por menor en todo el país.
Una botella de 10 ml de e-líquido que antes costaba entre 3 y 5 euros pronto subirá a unos 8 o 10 euros, lo que añadirá más de 500 euros al año a los gastos de los usuarios habituales.
El Ministro de Hacienda de la República de Irlanda, Paschal Donohoe, declaró que el nuevo «Impuesto sobre los Productos E-Líquidos» «ayudará a abordar los problemas de salud pública creados por la creciente prevalencia de los vapes y productos afines en el mercado irlandés y su uso cada vez mayor entre los jóvenes».
Añadió que el planteamiento de Irlanda «apoya el correcto funcionamiento del mercado interior» al armonizar el tratamiento fiscal de «productos novedosos» como los e-líquidos.
La ministra de Sanidad, Jennifer Carroll MacNeill, también respaldó la medida, afirmando: «No conocemos los daños a largo plazo de los productos de vapeo y la mayoría contienen nicotina, que es altamente adictiva. Proteger a los niños y jóvenes de estos productos es una prioridad para este Gobierno.»
Junto con el impuesto, confirmó planes para «restringir el envasado y la apariencia, los sabores, la publicidad y la exposición al por menor de los productos de inhalación de nicotina y la prohibición de todos los vapes de un solo uso».
