Decenas de ONG de salud pública -incluidas algunas que ejercen una fuerte presión contra los productos de nicotina más seguros- han sido informadas de que ya no pueden utilizar fondos de la UE para presionar a las instituciones europeas.
Clearing the Air entiende que a la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo (ENSP) -que, a pesar de su nombre, ha estado presionando duramente a favor de la prohibición del vapeo a nivel de la UE- se le comunicó en términos inequívocos que ya no puede utilizar la financiación de los contribuyentes proporcionada por la UE para presionar a favor de sus políticas preferidas.
La ENSP es una parte clave del consorcio de la UE responsable de redactar nuevas restricciones para productos de nicotina más seguros. Su participación en el proyecto ha sido duramente criticada por el Defensor del Pueblo Europeo, que afirmó que la Comisión no había supervisado adecuadamente los conflictos de intereses. Se demostró que la ENSP había estado presionando a la Dirección de Salud de la Comisión sobre la política de nicotina mientras participaba en la evaluación.
En abril, las ONG recibieron cartas de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Sanitario y Digital de la Comisión -encargada de repartir el dinero- en las que se les comunicaba que su labor de defensa de los derechos ya no podía optar a financiación porque «podía entrañar un riesgo para la reputación» de la UE. Entre 2021 y 2023, la Agencia desembolsó 377 millones de euros a ONG.
Según el Registro de Transparencia de la UE, la ENSP recibió unos 440.000 euros en subvenciones de funcionamiento para el ejercicio en curso, lo que supone más de dos tercios de su presupuesto total. La Smoke Free Partnership, cuyo director general participó en un acto político plagado de desinformación que se cubrió en Clearing the Air, recibió 278.000 euros, más de la mitad de su presupuesto, el año pasado. Este año está previsto que reciba más de 400.000 euros.
El envío de cartas, la organización de reuniones y el suministro de material de promoción a instituciones o funcionarios concretos de la UE -que antes se consideraban aceptables- ya no pueden financiarse con las subvenciones de funcionamiento de la UE. También se ha prohibido «identificar a miembros o funcionarios concretos de una institución para evaluar o describir sus posturas, o para debatir contenidos o resultados políticos concretos».
Es importante señalar que la Comisión no está prohibiendo a las ONG que ejerzan presión, sino que les impide utilizar fondos de la UE para ello. Las que recaudan dinero para actividades de promoción en otros lugares pueden seguir ejerciendo presión en contra de productos de nicotina más seguros con ese dinero mientras utilizan fondos de la UE para otras actividades.
