Las cartas a las que se hace referencia en este artículo pueden consultarse aquí y aquí
Las dos principales organizaciones que lideran la lucha contra los productos de nicotina más seguros en la UE han recibido sendas cartas de la Comisión Europea exigiéndoles que dejen de presionar a los funcionarios con dinero público.
Las cartas se enviaron a Smoke Free Partnership y a la Red Europea para la Prevención del Tabaquismo a finales de abril, y se obtuvieron a través de una solicitud de Acceso a Documentos iniciada por Clearing the Air. En un periodo de mayor escrutinio del mundo de las ONG en general, las cartas señalan que las actividades «específicamente detalladas» y «dirigidas a las instituciones de la UE» pueden «entrañar un riesgo para la reputación de la Unión».
Aunque en mayo Clearing the Air se hizo eco de la noticia general de que las ONG habían perdido sus presupuestos para grupos de presión, ésta es la primera vez que se confirma que tanto la ENSP como la SFP recibieron cartas en las que se les decía directamente que dejaran de ejercer presión.
Establecen diversas actividades para las que «está prohibido el uso de fondos de la UE», entre ellas «enviar cartas, organizar reuniones o proporcionar material de promoción a las instituciones de la UE o a miembros concretos de una institución; o identificar a miembros o funcionarios concretos de una institución para evaluar o describir sus posturas, o para debatir contenidos o resultados políticos específicos».
La Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP) no es nueva en las acusaciones de malversación de fondos de la UE, conflictos de intereses o parcialidad contra los productos de nicotina más seguros. Como cubrimos ampliamente en Clearing the Air, la organización ha sido contratada para ayudar a la Comisión de la UE a redactar nuevas leyes sobre productos de nicotina más seguros, al tiempo que ejercía presión en su favor, y su participación ha sido sometida a escrutinio por el Defensor del Pueblo Europeo.
Según las cifras del Registro de Transparencia de la UE, aproximadamente la mitad de la financiación de la SPP procedía de la Comisión Europea, en forma de una subvención de funcionamiento de 277.994 euros. Esa cifra ha aumentado a más de 325.000 euros este año, con otros 95.000 euros destinados a un proyecto específico llamado Filtered, que se supone que «estimula la defensa colaborativa, la promoción de la salud, la acción y la responsabilidad a nivel europeo y nacional».
No está claro cómo el proyecto, que organizó conferencias para debatir «impuestos pro-salud sobre el alcohol, el tabaco y los alimentos y bebidas poco saludables, y aprender a defender estas medidas», es compatible con la nueva orientación.
