El Defensor del Pueblo de la UE ha cerrado su investigación sobre la Dirección General de SANTE de la Comisión Europea, acusada de contratar a un proveedor parcial para ayudar a reescribir la legislación europea sobre productos de nicotina más seguros.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por Tobacco Europe —los cabilderos del gran tabaco— que alegaba que la Red Europea de Prevención del Tabaquismo (ENSP) debía haber sido excluida del contrato por las normas de conflicto de intereses.
La denuncia se centró en el hecho de que la ENSP firmó una declaración en la que afirmaba que su personal no había trabajado en ningún proyecto relacionado con el tabaco durante los cuatro años previos a la adjudicación del contrato, cuando en realidad sí lo habían hecho. El argumento de la Comisión —que se trataba de un error administrativo y que sólo debía excluirse al personal que hubiera trabajado para la industria tabacalera— fue aceptado por el Defensor del Pueblo.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo no dejó a la DG SANTE sin críticas. Concluyó:
“Es lamentable que la Comisión no haya reconocido el interés de la ENSP en el control del tabaco en sus intercambios con el denunciante y que, a continuación, no haya explicado cómo evaluó dicho interés en vista del papel que desempeña la ENSP en virtud del contrato marco.”
Con la atención del Parlamento centrada en el papel de las ONG financiadas por la UE en el cabildeo ante la Comisión Europea, cabe recordar que la ENSP también ha hecho cabildeo ante las instituciones de la UE —solicitando, en concreto, restricciones severas sobre productos de nicotina más seguros— mientras estaba contratada para ayudar a revisar las mismas leyes sobre las que ha hecho cabildeo.
Dicho cabildeo por parte de ONG medioambientales ha sido considerado “inapropiado” por el Comisionado del Presupuesto de la UE, Piotr Serafin.
