El vapeo en España está a punto de enfrentarse a su reajuste normativo más duro hasta la fecha, con una legislación propuesta que situaría a los vapeadores bajo el mismo marco legal que el tabaco combustible.
Los cambios forman parte de un paquete más amplio de reformas sanitarias que se están tramitando en el Parlamento, pero las restricciones al vapeo se perfilan como uno de los elementos con mayores consecuencias para los consumidores, los minoristas y los espacios públicos.
Normas similares a las del tabaco para los vapes
Las reformas de la ley antitabaco española superaron su primera fase legislativa en septiembre de 2024 y ahora están siendo revisadas por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Si se aprueban, los productos de vapeo estarán sujetos a las mismas restricciones que los cigarrillos, incluidas normas idénticas sobre publicidad, venta y lugares de consumo. Esto supondría un cambio significativo en el planteamiento regulador de España, que hasta ahora ha tratado el vapeo por separado del consumo de tabaco.
Los cambios propuestos responden al aumento del consumo de vape entre los adolescentes y a la creciente presión política para que se refuercen los controles sobre los productos de nicotina.
Cómo se ha regulado el vapeo hasta ahora
Según la legislación española actual, los productos para vapear están sujetos a normativas nacionales específicas sobre ingredientes, etiquetado y venta, pero no están totalmente alineados con la legislación sobre el tabaco. En general, el uso de vapes se ha restringido en espacios públicos cerrados, mientras que el uso al aire libre ha seguido estando permitido en gran medida.
Las normas de publicidad del vapeo también han diferido de las que rigen los cigarrillos, con menos límites de visibilidad y promoción en algunos entornos. La reforma propuesta eliminaría esas distinciones, colocando el vapeo y el tabaquismo bajo un único marco regulador.
Expansión de los espacios sin vapor
Uno de los efectos más visibles sería la ampliación de las zonas libres de vapeo en toda España. La legislación propone prohibir tanto fumar como vapear en una amplia gama de lugares al aire libre y semiexteriores.
Se trata de terrazas de bares y restaurantes, marquesinas de transporte público, campus universitarios, playas, parques infantiles y puntos de acceso a edificios públicos. De aplicarse, las reformas reducirían significativamente el número de espacios públicos donde está permitido vapear.
Las autoridades locales serían responsables de hacer cumplir las nuevas restricciones, ampliando las normas que actualmente se aplican principalmente a los espacios interiores.
Implicaciones para los minoristas y los locales públicos
Alinear el vapeo con la legislación sobre el tabaco también afectaría a la forma de vender y exponer los productos. Los minoristas tendrían que respetar las mismas restricciones de venta que se aplican a los cigarrillos, lo que podría modificar el acceso a los productos de vapeo y su comercialización.
Los locales de hostelería, los operadores de transporte y las universidades también tendrían que actualizar las políticas y la señalización para reflejar la ampliación de las zonas libres de vapor.
Parte de una campaña de prevención más amplia
La ofensiva contra el vapeo se suma a otras medidas sanitarias preventivas que se están elaborando, como un proyecto de ley sobre el consumo de alcohol entre menores. Aunque independientes de la legislación sobre la nicotina, las propuestas reflejan un cambio más amplio hacia una regulación más estricta de las sustancias legales, sobre todo en lo que se refiere a la exposición de los jóvenes.
La publicidad y el patrocinio del alcohol se enfrentarían a nuevas prohibiciones basadas en la ubicación, y se prohibiría explícitamente el consumo a menores de 18 años en zonas públicas utilizadas habitualmente por niños y adolescentes.
Las reformas del sistema sanitario como telón de fondo
Los legisladores también están avanzando en la legislación para restablecer el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, revirtiendo las restricciones impuestas durante la crisis económica de 2012.
Otros proyectos de ley pretenden frenar la privatización de la sanidad, eliminar los copagos que aún existen para determinados servicios y reforzar la gestión pública tras las recientes polémicas sobre la gobernanza de los hospitales.
