Han aparecido fisuras en el enfoque de la UE respecto a la ciencia de la nicotina, ya que la máxima responsable de salud pública de la Comisión Europea, Sandra Gallina, ha contradicho públicamente a su jefe, el comisario de Salud Oliver Varheyli, sobre los riesgos relativos de los productos con nicotina.
Gallina, cuyo cargo oficial es «Directora General de Salud y Consumidores», dijo en una carta dirigida a un grupo de organizaciones de consumidores liderado por la asociación holandesa de vapeo ACVODA que los productos con nicotina conllevan «diferentes grados» de riesgo para la salud. En cambio, su jefe político, Varheyli, ha afirmado en numerosas ocasiones que todos los productos con nicotina son tan perjudiciales como los cigarrillos.
Esta división es importante, ya que la Comisión Europea se está preparando para proponer el año que viene cambios en la legislación que regula todos los productos con nicotina, que probablemente incluirán prohibiciones y restricciones generalizadas que impedirán a millones de usuarios de cigarrillos electrónicos y de bolsitas acceder a los productos que consumen legalmente.
Una consulta con fallos graves
ACVODA ha hecho pública la carta como parte de una queja presentada ante el Defensor del Pueblo Europeo, en la que se alega que una encuesta que la Comisión está llevando a cabo antes de proponer la nueva ley es sesgada y que a los vapeadores y a los usuarios de bolsitas les resulta imposible responderla.
«No parece que la encuesta tenga como objetivo escuchar de verdad a la gente que fuma, usa cigarrillos electrónicos, snus o bolsitas», afirma ACVODA en su página web. «Creemos que se diseñó principalmente para dar a entender que se apoya una política estricta y orientada a la prohibición, mientras que a los millones de europeos que usan estos productos y son los más afectados por ellos apenas se les da voz».
La queja se centra en tres problemas de la encuesta: que agrupa a todas las personas de entre 10 y 24 años como «jóvenes», a pesar de que esto incluye tanto a preadolescentes como a adultos mayores de edad; que, en las preguntas sobre prohibiciones y medidas restrictivas, presenta repetidamente todos los productos con nicotina como una única categoría regulatoria; y que se basa en preguntas capciosas y formatos de respuesta sesgados.
Admisión tácita de culpa
Aunque Gallina intenta defender la encuesta de la Comisión, su carta parece confirmar que sus supuestos defectos son a propósito.
Lo más llamativo es que Gallina afirma que la encuesta «no pretende establecer una clasificación ni una evaluación comparativa del daño relativo de las diferentes categorías de productos», sino que está diseñada para «recoger las opiniones de las partes interesadas sobre el marco normativo, lo que incluye preguntas por tipo de producto, en lugar de diferenciar entre niveles de riesgo en esta fase».
Como señalan ACVODA y sus colegas en su respuesta, «un instrumento que, por su propio diseño, no distingue entre productos con un riesgo conocido sustancialmente diferente no puede aportar pruebas objetivas sobre la regulación adecuada de dichos productos». La postura de Gallina «defiende esa elección como una cuestión de política; no responde a la objeción metodológica».
El Defensor del Pueblo determinará si ha habido mala administración
Ahora le toca al Defensor del Pueblo, que se encarga de resolver las quejas de los ciudadanos sobre las instituciones de la UE, decidir si Gallina y la DG SANTE han cometido mala administración por esa encuesta.
Aunque el Defensor del Pueblo no puede obligar a la Comisión a repetir la encuesta, un resultado negativo supondría un duro golpe para Varheyli y Gallina, que parecen seguir decididos a imponer más prohibiciones o restricciones «pase lo que pase».
Además de ACVODA, entre los denunciantes se encontraban la asociación francesa de vapeadores AIDUCE, la organización italiana Heated Community Hub, la española ANESVAP, la rumana ACPAN y la sueca EU4Snus.
